La investigación se realiza cada día más en entornos colaborativos o mediante iniciativas conjuntas con todo tipo de instituciones. Son colaboraciones que buscan potenciar la interdisciplinariedad, la complementariedad y la eficiencia en el uso compartido de los escasos recursos asignados a la Ciencia.

La colaboración es un “mantra” en muchas leyes, estrategias, planes, convocatorias, etc., si bien paradójicamente las normas que la regulan dentro de lo público la dificultan y ralentizan en exceso. Es algo que intentamos cambiar día a día.

En la Vicepresidencia Adjunta de Relaciones Institucionales (VARI) -bajo la dirección de la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales (VORI)-

José María Calleja

gestionamos estas colaboraciones, que se concretan en sus formas más usuales en los institutos mixtos, las unidades asociadas, la creación o participación institucional en otras entidades y en todas aquellas relaciones colaborativas que se instrumentan a través de convenios y otras figuras.

Un aspecto de esta actividad colaborativa del CSIC en el que me gustaría detenerme, por su actualidad y perspectivas de futuro, es el de la función de asesoramiento experto y apoyo científico-técnico al Estado.

Empezaré por decir que el CSIC es muy complejo. A veces inabarcable en su incesante variedad. Pero creo que una idea clara que va madurando en todo aquel que lo conoce por dentro son sus capacidades (y potencialidades), que lo convierten en uno de los instrumentos más potentes con los que cuenta la sociedad y el Estado para afrontar sus retos.

Por supuesto, las capacidades del CSIC se dirigen primordialmente a su misión principal: promover y facilitar la investigación que realiza el personal científico en sus 120 institutos. No obstante, la existencia dentro del sector público de una organización con el capital humano, las infraestructuras y la capilaridad en todo el territorio del CSIC no pasa desapercibida. Podríamos decir que el CSIC tiene “músculo” -no es solo un mero esqueleto de estructuras formales y/o un sistema nervioso de pura producción intelectual-, y eso hay que ponerlo en valor.

En una sociedad y Administración cada día más virtual y burocrática, el que una organización cuente con capacidades reales de acción y respuesta constituye un activo público de primer orden. Todos lo hemos comprobado de forma directa durante la pandemia, con la vigorosa actuación de sanitarios, fuerzas de seguridad, servicios logísticos y, sí, también con el personal del CSIC y de otras instituciones de Ciencia. Y es algo de lo que sentirse orgullosos.

Pero no todo es el coronavirus. Y la actividad y capacidades del personal investigador y técnico del CSIC en otros muchos campos y disciplinas puede resultar de un gran interés estratégico para el desarrollo de numerosas políticas públicas del Estado. No es fácil ni usual para la Administración del Estado encontrar un asesoramiento científico imparcial, integral, riguroso y basado en datos y técnicas propias, y los institutos del CSIC pueden ofrecerlo.

Nuestro reto es, en definitiva, interconectar, intermediar y ofrecer instrumentos y asesoramiento para encauzar y facilitar todas estas capacidades. Los fondos europeos y el Plan para la Recuperación son una gran oportunidad para demostrarlo.

Vicepresidencia Adjunta de Relaciones Institucionales